Contratación Pública:
Son actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren
las entidades estatales, previstos en el derecho privado o en normas de derecho
público, como los que a titulo enunciativo se nombran a continuación: Contrato
de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios, contrato
de concesión, encargos fiduciarios y de fiducia pública, entre otros.
Con la celebración de los contratos las entidades estatales
deben buscar el cumplimiento de los fines del Estado, así como la continua y
efectiva prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos
e intereses de las personas que viven en Colombia. El particular, por su parte,
al contratar con el Estado debe considerar que al celebrar y ejecutar tales
contratos colabora con el Estado en la consecución de sus fines, así como el
cumplimiento de su función social.
La normatividad vigente aplicable al tema de contratación en
donde interviene el Estado se encuentra regulada en la Constitución Nacional,
en el régimen de contratación estatal (Leyes 80 de 1993 y ley 1150 de 2007) en
sus decretos reglamentarios como el 734 de 2012, en el Código Civil y en el
Código de Comercio Colombianos.
Contratación Privada:
Es un acuerdo de voluntades que
genera «derechos y obligaciones relativos», es decir, sólo para las partes
contratantes, teniendo en cuenta que este se hace con personas o empresas
privadas únicamente. Pero, además del acuerdo de voluntades, algunos contratos
exigen, para su perfección, otros hechos o actos de
alcance jurídico, tales como efectuar una determinada entrega o exigen ser formalizados
en documento especial. Está contratación en general, tiene una connotación patrimonial,
incluso parcialmente en aquellos celebrados en el marco del derecho de familia, y es parte de la categoría más
amplia de los negocios jurídicos.
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